La iniciativa panista de contrarreforma laboral presentada el 18 de marzo al pleno de la LXI Legislatura, es violatoria del sentido original del artículo 123 Constitucional, destruye la contratación colectiva, anula del Estado su papel de tutor y garante de los derechos de los trabajadores frente a los patrones; impone el arbitraje en las huelgas a petición de los patrones, y cancela de facto el escalafón.
Los cinco ejes generales de la contrarreforma tienen un sentido regresivo y buscan legalizar lo que la oligarquía en los últimos 28 años viene haciendo: En el Eje I, relativo a “Facilitar el acceso al mercado laboral y a la creación de empleos”, y su intención es generalizar el empleo temporal, eventual y aprueba, con ello, a la vuelta de unos años, las empresas y dependencias se desharían de la planta de empleos fijos y plazas de base. Con la llamada “Vinculación de la capacitación y el adiestramiento con la productividad”, se busca imponer la certificación de competencias laborales como requisito periódico (semestral o anual) lo cual conlleva a una sobre explotación de los trabajadores para poder conservar el empleo, si se analiza esta reforma a detalle encontrara, que esta es la vía rápida para la liquidación de los millones de trabajadores formales. Tratan de imponer el despido libre y las multihabilidades de trabajo multiusos, en detrimento de la capacidad laboral del trabajador, lo que significa más trabajo con el mismo salario.
En el Eje II, acerca de “Promover la equidad de género…”, se escudan en una falaz defensa de trabajadores con discapacidad y de las mujeres trabajadoras, derechos que ya son reconocidos por la OIT (Organización Internacional del Trabajo), En realidad, la intención de este apartado es legalizar el trabajo domestico y las agencias contratistas de trabajadores mexicanos.
En el III Eje, falazmente intitulado “Fortalecer la procuración e importación de justicia laboral” se imponen restricciones para anular de hecho el derecho de huelga como instrumento de defensa de los trabajadores, limitándola a seis meses y otorgando el derecho a los patrones de solicitar el arbitraje obligatorio, hasta el punto de ampliar las condiciones normativas para declarar la inexistencia de la huelga y para negar el trámite para emplazamiento.
El Eje IV, acerca de “Fortalecer la transparencia y la democracia sindical”, plantea la obligación de informar sobre la administración del patrimonio sindical, hacer obligatoriao el voto libre, directo y secreto para la elección de dirigencia sindical y el pago voluntario de cuotas sindicales, facultado indebidamente al gobierno y a los patrones a fiscalizar los sindicatos independientes y a sus legitimas direcciones, restringiendo además su accionar político, colectivo y autónomo. Es decir, se pretende legalizar la injerencia de los patrones en la vida de los sindicatos para socavar su autonomía, ya que esta no va acorde a los intereses de los patrones sino del trabajador.
En el Eje V, referente a “Fortalecer las facultades normativas de vigilancia y sancionadoras de las autoridades de trabajo”, se usa falazmente la condena a la contratación de menores de 14 años y el riesgo de trabajo como gancho para plantear la legalización de la subcontratación, la tercerización y el outsourcing como la nueva normalidad laboral. Modelo que acompaña la contratación eventual ahora desde los procesos de tercerización.
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